Por Maia Cubric*
Durante sus últimos días de gobierno, Mauricio Macri pretende ascender cinco militares carapintadas, que estuvieron en los levantamientos armados buscando realizar el golpe de Estado al gobierno de Raúl Alfonsín.
Con una coyuntura en la cual el imperialismo avanza sobre la región sin límites, y habiendo concretando un golpe de Estado en el país hermano y Plurinacional de Bolivia, que Mauricio Macri haya presentado un pedido para ascender de cargo a cinco militares que intentaron derrocar un gobierno democrático, es una medida preocupante. Queda claro en el transcurso de la historia, y se refleja en estos días, que la derecha tiene intereses específicos sobre Nuestra América. Si toda la región se ve afectada por ataques violentos e injerencistas del modelo neoliberal del Norte, es necesario prestar suma atención a la situación de Argentina, que hasta el 10 de diciembre tiene como gobierno a la Alianza Cambiemos con el mismo proyecto político de hambre, saqueo y represión.
Por eso, la medida que pretende llevar a cabo Mauricio Macri es clave si se analiza la situación política regional. No por nada quiere ascender a estos cinco militares: Carlos Alberto Corradi, actualmente Jefe de División V- Gestión Presupuestaria; Eduardo Pablo Garbini que desempeña el cargo de Secretario de Prácticas Profesionales; Carlos Andrés Freites que actualmente es Jefe de Departamento Ceremonial del Ejército; Jorge Oscar Fernández quien tiene el cargo de Jefe de División Material; y Marcelo Troncoso, actualmente Jefe del Departamento de Educación Previsional Militar.
Todos ellos se levantaron contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. En ese entonces se auto llamaban carapintadas y pertenecían a grupos militares que intentaron llevar a cabo diversos golpes de Estado entre 1987 y 1990. De los cinco mencionados, salvo Garbini, todos se vieron beneficiados en octubre de 1989 por el Decreto 1004/89, sancionado por el expresidente Carlos Menem. Todos los participantes de los levantamientos militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y los de Villa Martelli en 1988, fueron indultados. Hoy, a los cinco, se los pretende promover al cargo de Teniente Coronel del Cuerpo Comando de Infantería.
Es así que el 1 de noviembre, se envió un mensaje al Senado para pedir “el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, en las fechas que para cada caso se especifica, a los Oficiales del Cuerpo de Comando- Armas del Ejército Argentino”. Este mensaje debe pasar por la Comisión de Acuerdos y ser aprobado por la misma para llevarse a cabo. Dicha comisión está conformada por 17 integrantes, de los cuales el macrismo tiene 6 o 7 votos, por lo que no alcanzaría a aprobarse, pero todavía está en proceso.
El documento ingresó el 3 de noviembre por la mesa de entrada al Senado con la firma de Mauricio Macri y del Ministro de Defensa Oscar Aguad. Este último, había declarado, el 9 de julio de este año en Radio Metro que; “lo de los carapintadas es historia vieja, yo creo que no hay que sacarlo, eso pasó”. Dando cuenta una vez más, que la democracia para estos proyectos políticos es ocasional. Que quede claro; la derecha toma en cuenta la democracia, solo cuando se trata de elecciones. Estos años han servido de prueba fehaciente para visualizar con claridad que cuando se trata de avasallar contra gobiernos que no defienden sus mismos intereses político- empresariales, legitiman la violencia.
Haciendo un breve repaso desde la asunción al poder, Mauricio Macri expresó a través de diversas medidas que la represión, la persecución y la antidemocracia son características del modelo que propone Juntos por el Cambio y que representa al neoliberalismo en toda nuestra región. Por eso, el 1 de junio de 2016, el Presidente anuló el Decreto Nº 486, que había sancionado Raúl Alfonsín en 1984. Ese decreto, había sido dictado para limitar el accionar militar que hasta ese entonces gozaba todavía con amparos precedentes de la última dictadura. Concretamente, esta medida le otorgó a las Fuerzas Armadas (FFAA), las atribuciones para poder decidir e impartir órdenes disciplinarias. Reafirmamos; Macri legitima al aparato represor.
Siguiendo esta línea, el 23 de Julio de 2018 el presidente anunció la reforma del Sistema de Defensa Nacional lo cual implica una mayor injerencia militar sobre el control del territorio. Por otra parte, debemos tener en cuenta la declaración que realizó respecto de “la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos”. De esta forma, sin especificar los límites de la nueva medida, se abre paso al accionar arbitrario de la fuerza militar. Y por si fuese poco, el anuncio es realizado desde Campo de Mayo, un ex centro clandestino de detención. No es un detalle menor que el gobierno le otorgue facultades a los militares responsables por los crímenes realizados durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.
El discurso que acusa a los Derechos Humanos de ser un “curro”; intenta esconder los casos de gatillo fácil y otras violencias impartidas desde el Estado, como lo indica el informe de Marzo de este año realizado por la Coordinadora Contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI). El informe de la CTA indica que entre 2015 y 2019, se detuvo a una persona cada 24 horas (siendo el 50% de las detenciones en contexto de movilización o marcha). Con el asesinato de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería siendo la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich la principal responsable; con la Doctrina Chocobar y los actos de honor para los policías asesinos; con las fuerzas de (in)seguridad que pueden disparar antes de dar la voz de alto y la violencia como instrumento de autoridad; el gobierno dejó en claro desde el primer día en el poder que los Derechos Humanos no están en agenda.
El próximo 10 de Diciembre asume el proyecto político que encabeza Alberto Fernández en el que se proyecta un modelo de país más justo e igualitario, donde los organismos de Derechos Humanos se ven representados por medio de políticas concretas, lo cual sería un respiro para la sociedad. Que el neoliberalismo esté siendo repudiado por las mayorías en las calles de Nuestra América es un faro esperanzador, porque lo que está en juego no son solo políticas económicas que permiten vivir mejor a la población; está en juego un futuro digno, con derechos, con respeto y con libertad de expresión. El único lugar para los genocidas es la cárcel común. Y los militares que intentan derrocar gobiernos democráticos, serán condenados eternamente por una sociedad que no olvida ni perdona atrocidad alguna. Con la memoria, la justicia y la verdad no se negocia.
* Periodista, columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), responsable de la sección DDHH de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
