por luciano montefinale
“Sepan ustedes que la ‘Revolución Libertadora‘
se hizo para que en este bendito país
el hijo del barrendero muera barrendero”
Contraalmirante Arturo Rial (1955)
Cualquier similitud de esa frase –pronunciada en la Casa Rosada luego del golpe a Perón– con la actualidad de Bolivia no es mera coincidencia. Lo más similar entre estos dos eventos tristes de la historia de Nuestra América es el revanchismo y el odio de los golpistas.
“Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares”, fueron las palabras con las que Evo Morales Ayma anunció su renuncia y puso de manifiesto la situación crítica y a los responsables de la misma.
Ante el silencio de los organismos internacionales y de la autodenominada comunidad internacional y con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la violencia desatada por la oligarquía santacruceña, encabezada por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el pedido de renuncia por parte de las Fuerzas Armadas, se perpetró un clásico golpe de Estado contra toda Bolivia. Y en pleno siglo xxi, aunque cueste creerlo.
Nada importa: fuese cual fuese el resultado del referéndum de febrero de 2016 o de las elecciones del pasado 20 de octubre, el plan de recuperación neocolonial de Bolivia se pondrían en marcha.
De esto da cuenta el accionar de la oposición política y de los diversos sectores cívico-empresariales de la derecha boliviana, con epicentro en Santa Cruz, que desde el día posterior a los comicios, con los resultados del escrutinio provisorio, comenzaron a instalar la idea de fraude convocando a una segunda vuelta.
Días después este discurso y sus interlocutores virarían a la exigencia de renuncia del presidente e incrementaría el vandalismo callejero con violencia inusitada, que tendría como puntos culmines el secuestro y la humillación a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, el incendio a locales del MAS y a hogares de diferentes dirigentes oficialistas, la toma de los medios de comunicación estatales, el amotinamiento de la policía y el desligamiento de las Fuerzas Armadas a la lealtad al Capitán General de las FFAA, es decir, el presidente del Estado Plurinacional.
En el medio, la carta del gobierno fue apostar a la OEA para que auditara los resultados de las elecciones y que lo que resolviese dicho organismo sería vinculante. La oposición, ante esta maniobra de transparencia y búsqueda de apaciguar la violencia, siguió con su plan preestablecido de cambio de régimen.
El domingo 10 de noviembre el Ministerio de Colonias yanquis (OEA) publicó –tardíamente– el informe preliminar donde detectaba irregularidades en los comicios y recomendaba el llamado a nuevas elecciones. Ante esto y cumpliendo su palabra, el mandatario aimara decidió renovar a la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y convocar a nuevas elecciones generales. A pesar ceder ante las presiones para evitar un “derramamiento de sangre” –y habiendo ganado las elecciones con el 47%–, la derecha recrudeció su accionar y Camacho proclamó la proscripción: “Evo Morales debe renunciar y también tienen que renunciar los senadores, los diputados y los miembros de los tribunales electorales y de Justicia”.
Horas más tarde, la presión llevaría al anuncio de renuncia del presidente, el vice Álvaro García Linera, y toda la línea de sucesión de poder que también se encontraba bajo amenaza.
A partir de allí comenzaría una cacería que despejaba toda duda –por si todavía quedaba alguna– de que lo que estaba ocurriendo era y es un golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional. Sin orden judicial ni crimen cometido, detuvieron a la presidenta y al vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque Quispe y Antonio Costas, respectivamente.
Por la noche, el mismo Evo Morales denunció vía tuiter que “un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio”.
Dirigente cocalero y primer presidente indígena 
Dirigente cocalero y primer presidente indígena
El racismo se impone al proceso de cambio
Si no hay crisis económica, sino más bien todo lo contrario, ni tampoco un incumplimiento del orden constitucional, ¿cómo se explica el descontento social?
Los hechos ocurridos durante la trágica jornada son el desenlace del plan orquestado por la recuperación neocolonial de un territorio, precisamente, descolonizado.
El litio, las relaciones comerciales con China y Rusia, la soberanía política, económica y del manejo de los hidrocarburos, por qué no, también, la liberación de Lula, la victoria de Alberto Fernández en Argentina y las manifestaciones en Chile, Ecuador, Honduras y Haití contra las políticas neoliberales, es decir, la geopolítica y la necesidad del imperio norteamericano por seguir sosteniendo su maquinaria capitalista a costa de los países del sur explican, en gran parte, el golpe de Estado sufrido por “el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos”, según las palabras del presidente electo argentino en el II Encuentro del Grupo de Puebla, otra piedra en el zapato de la desintegración regional promovida por la administración de la Casa Blanca y de las marionetas locales.
En un contexto regional desfavorable, Bolivia aceleró su crecimiento económico, lo que se evidencia en el aumento del 4,7% de su Producto Bruto Interno en 2018, en comparación con el 1,6% que en promedio hay en la región. Siguiendo con la comparación, mientras en Argentina estamos teniendo una inflación interanual (septiembre 2018 – septiembre 2019) de más del 55%, en Bolivia se registran subas de los precios en el orden del 3,5%. En tanto el desempleo ronda el 4,2%, siendo una marca histórica. En materia de ascenso social, se pasó de tener, en el 2005, el 38,2% de la población en la pobreza extrema al 15% en 2018, una reducción de más de la mitad.
En un mundo cuyas estructuras están crujiendo por la ruptura del unilateralismo norteamericano, Evo Morales y el presidente de China, Xi Jinping, firmaron en 2018 un acuerdo de asociación estratégica de cooperación financiera, comercial y de infraestructura, destacándose el Memorándum en el marco de la Franja de la Ruta de la Seda y la construcción de una planta para la industrialización del litio por parte de la empresa china Maison Engineering.
En el mismo sentido, se establecieron vínculos de inversiones en hidrocarburos, litio, energía nuclear y tecnología militar con la Federación de Rusia de Vladimir Putin, como también, convenios de venta y exploración firmados con la petrolera rusa Gazprom, la misma que comercializa el gas en gran parte de Europa y Medio Oriente.
Citando al politólogo Atilio Boron, “por más que se administre de modo ejemplar la economía como lo hizo el gobierno de Evo, se garantice crecimiento, redistribución, flujo de inversiones y se mejoren todos los indicadores macro y microeconómicos, la derecha y el imperialismo jamás van a aceptar a un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses”.
Gobierno de facto y resistencia
En estos momentos hay un vacío de poder y la carrera por llenarlo será, como todos los sucesos de las últimas semanas, por lo menos antidemocrático. Como en todo golpe de Estado, la continuación al derrocamiento es de persecución, proscripción y profundización de la violencia. Quedará por ver cómo se reacomoda lo que quede de institucionalidad en este panorama de incertidumbre política.
Otro antecedente histórico de la lucha contra la imposición de gobiernos títeres es el ocurrido en el año 2002 en Venezuela, donde el golpe contra el gobierno de Hugo Chávez Frías duró apenas 48 horas debido a la presión popular.
Habrá que esperar los modos de resistencia que encuentre el pueblo boliviano para no permitir que el terrorismo de Estado se concrete bajo un gobierno de facto.
Tuit de Evo Morales en la noche del 10 de noviembre: “Los humildes, los pobres que amamos la Patria vamos a continuar con esta lucha“
