por MIRAnda cerdá campano
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe que lapida al gobierno de Nicolás Maduro y lo insta a adoptar de inmediato medidas para detener las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales. A continuación, algunas observaciones.
Quienes entendemos que el sistema mundial está gobernado por los mecanismos de ganancia capitalista y por los intereses de las grandes multinacionales, sabemos que la retórica sobre los derechos humanos es utilizada muy a menudo como una pantalla por quienes niegan los derechos humanos desde lo básico: consideran que es un privilegio tener para comer, tener acceso a la salud y a la educación.
Quienes entendemos la asimetría que rige la geopolítica, sabemos que las grandes instituciones internacionales, como la ONU, están dirigidas o al menos controladas por Estados Unidos con gerentes títeres. Y quienes entendemos que la acción política es el resultado de un choque de intereses, enmarcamos las figuras de estos gerentes en estos mismos términos. Y es desde esta perspectiva, que debemos leer el informe de Michelle Bachelet sobre los Derechos Humanos en Venezuela.
El informe se compone de un conjunto de observaciones abiertamente contrarias al proceso bolivariano de Venezuela, y que de manera nada accidental, riman muy bien con los intereses del Pentágono en ese país y con la trama golpista confabulada por las administraciones de derecha en el continente, como las de Iván Duque, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera y, por supuesto, Mauricio Macri.
El recorte de Bachelet sobre la realidad de Venezuela es otra de las agresiones del imperialismo yanqui, enmarcadas en las denominadas guerras híbridas, formas multidimensionales de destrucción de gobiernos democráticos cuyos proyectos políticos contradicen los intereses de la Casa Blanca. Se hace uso de armas mediáticas, económicas, financieras, se levantan supuestos liderazgos opositores, se financian grupos fascistas, se utiliza el sistema judicial para perseguir a las figuras que representan esos proyectos políticos populares y soberanos y se amenaza constantemente con invasiones militares. Y para nadie es un secreto que, al igual que los ha resistido Cuba durante décadas, los ataques del Departamento de Estado yanqui en contra de Venezuela tienen fines asociados al saqueo del petróleo y los recursos naturales de ese país.
Además, el contenido del documento discrepa en varias oportunidades con las declaraciones de Bachelet durante su visita a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio , donde había condenado las sanciones económicas de Estados Unidos y había recomendado el diálogo. Muy por el contrario, el informe parece culpar a los pobres por estar hambrientos y no denuncia la responsabilidad de quienes les quitan el pan y se asemeja más a una suerte de fotografía de lo que sucede en el Chile de la Sra. Bachelet que a la democracia participativa de Venezuela.
En concreto y tratando de resumir ese informe para su discusión, Bachelet habla de una hegemonía comunicacional impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro y de violaciones a los derechos económicos y sociales (dentro de los que incluye el derecho a la alimentación y a la salud); dice que el gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis y no adoptó medidas para abordarla, que mucha gente ha dejado Venezuela, que se han restringido los espacios democráticos y se ha atacado a la oposición, que se han violentado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que las fuerzas estatales han asesinado a miles de personas y que efectivos de la GNB han ejercido violencia sexual y de género contra mujeres y niñas.
La ex mandataria chilena parece ignorar que ante la crisis, el gobierno de Venezuela ha dedicado más del 70% de los ingresos anuales a planes sociales como los clap, las casas de alimentación, los comedores escolares y los subsidios familiares.
Pero la hipocresía más grande se expresa en dos puntos claves: el de los pueblos indígenas y el de la represión. En ningún gobierno como el de la República Bolivariana de Venezuela las poblaciones indígenas han logrado tanto en términos de derechos y poderes: acceso a viviendas en sus lugares habituales para evitar el desarraigo, uso obligatorio de las lenguas indígenas y hasta sendos intentos por recuperar la piedra cueca, símbolo ancestral de los pemones, vendida a un artista alemán y luego reclamada por el gobierno bolivariano para devolverla a su lugar de origen.
Sin embargo, Bachelet tomó como ejemplo uno de los episodios más contradictorios que recientemente ha interesado a una parte de los nativos Pemones: un intento de extractivismo ilegal llevado a cabo por un grupo de nativos que, cegados por el oro, olvidaron proteger el medioambiente que habitan. Como era de esperarse, los nativos son pintados de manera angelical por los medios hegemónicos de comunicación y son los portadores de una pureza amenazada por el “dictador Maduro”. La Alta Comisionada debe ignorar, también, la persecución y represión ejercida al pueblo mapuche en su Chile para darle lugar a las grandes empresas que quieren explotar el wallmapu.
¿Cómo hubiera reaccionado Bachelet si alguien le hubiera ordenado a su inkgobierno disolver a los Carabineros que hoy actúan con las misma violencia con la que actuaron en la época de Pinochet? En cambio, prefiere hablar de tortura, represión y censura en Venezuela. ¿Y de qué registro ha tomado las estadísticas de la masacre de la cual ha acusado al gobierno de Maduro? Bachelet olvida que en los países que animan la banda del Grupo de Lima, que incluye a Chile, y principalmente a Estados Unidos, existen las ejecuciones selectivas, la tortura, los arrestos masivos y siempre se justifican estas medidas en pos de garantizar la «seguridad».
Como si no fuera obvia la participación yanqui en el informe de la ONU, el departamento de Estado de de EEUU se pronunció a favor de lo reportado por Bachelet y dijo que el documento “confirma que Nicolás Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos del pueblo venezolano”. Y se volvió a apelar a que los países que aún no reconocieron a Guaidó, “lo hagan lo antes posible y retiren cualquier apoyo que permita que Maduro se sostenga en el poder”.
Independientemente de cual sea nuestra posición frente al gobierno de Venezuela, el deber de todo latinoamericano es el de oponerse a la interferencia de cualquier potencia sobre nuestra región y de evitar que nuestro continente sea escenario de otra guerra “democratizadora” como las que Washington ha hecho en Afganistán, Irak, Siria o Libia y que se han cobrado millones de muertos y desplazados y han llevado a la destrucción y fragmentación de esos países.
Son los propios venezolanos quienes deben decidir su destino y son ellos mismos quienes deben acordar si mantienen o no a sus respectivos gobernantes. Las sanciones de Washington producen hambre e inestabilidad en toda la región y no apuntan a mejorar la situación de los venezolanos sino a conseguir mejores oportunidades para que sus grandes corporaciones lucren a costa del pueblo bolivariano.
