Lucía Corsiglia: “Cada vez que ellos hablan de sustentabilidad están pensando en ajuste”

La trabajadora de SUTEPA (Sindicato Unido de Trabajadores y empleados de PAMI), Lucía Corsiglia, analiza la pérdida de poder adquisitivo de las personas mayores, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales, a raíz de las políticas implementadas por la alianza Cambiemos.

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En principio ¿Cómo analizas la situación actual del sistema previsional?

La situación es trágica y paradojal porque verdaderamente este gobierno ha tenido un bastión de apoyo muy grande en el sector de las personas mayores, que increíblemente lo sigue teniendo, a pesar de que están siendo una de las franjas sociales más castigadas por las políticas del macrismo. Esto tanto por el brutal recorte que significó la reforma previsional, que lo único que hizo fue desmejorar el cálculo de la actualización de haberes (esto que prometían que iba a ser para mejor, para ganarle a la inflación, para que las jubilaciones se actualizaran de mejor manera).

Lo único que viene haciendo esta reforma es garantizar una pérdida sustantiva a lo largo de todo 2018 y lo que va de 2019, tanto en los haberes jubilatorios como en la Asignación Universal por Hijo y en el resto de las pensiones, incluidas las de veteranos (de Malvinas). Todas las fórmulas que se actualizan por el cálculo de movilidad jubilatoria, todas las prestaciones del ANSES se han visto brutalmente damnificadas y vienen perdiendo un enorme poder adquisitivo que se calcula de más del 20% para 2018.

 

Para 2019 están planteando una actualización del 24% y en lo que va del año ya tenemos prevista una inflación, para los primeros 6 meses, del 23%. O sea, la segunda mitad de año va a ser todo pérdida.

Exacto. La fórmula de 2017 le puso un peso muy importante a la inflación, pero se calcula con la inflación de 3 meses para atrás. Por lo tanto el último incremento fue calculado con la última inflación del 2018, y la verdad es que la inflación en nuestro país viene en un ritmo espiralado que no para de volar. No hay modo de que ésta fórmula le pueda alcanzar los talones.

Esto a su vez es mucho más grave porque la canasta de consumos básicos de las personas mayores ha tenido incrementos de algunos bienes que incluso van por encima de la inflación normal. La fórmula actual es por inflación promedio de los bienes de la economía, pero algunos bienes que las personas mayores consumen como los medicamentos o las tarifas, tienen una escala inflacionaria mucho más pronunciada.

Hay informes que está circulando  como el del CEPA, de ALSEC y de distintas instituciones que vienen siguiendo el estudio pormenorizado, que dan cuenta que entre 2016 y principios de 2019 la jubilación mínima creció un 162%, pero los remedios crecieron casi el 260%.

Es aún más dramático. Y más si pensamos instituciones como el PAMI vienen recortando prestaciones. Entonces las jubilaciones se están deteriorando, los consumos de las personas mayores tienen un ritmo inflacionario estrepitoso y encima los lugares donde deberíamos garantizar (a través de la seguridad social) el acceso a derechos básicos como la medicación, también están ajustando.

 

El PAMI modificó la resolución 005 y con ello dejó de entregar medicación crónica gratuita ¿Cómo se está resolviendo? ¿Qué está pasando con las personas mayores cuando van al organismo teniendo en cuenta esta disminución en la cantidad de medicamentos que le garantiza el Estado?

Eso es dramático, porque el acceso a la medicación es casi como el acceso principal a la salud. Más allá de las personas mayores, el acceso a la cobertura de medicamentos es un derecho que cuando hay barreras que nos impiden acceder a él nos dejan en un alto nivel de desamparo en términos sanitarios.

En el año 2005 el PAMI implementó una política de extensión del derecho a la cobertura de medicamentos, garantizando la gratuidad de los mismos, para una gran cantidad de afiliados que tenían, por ejemplo, un haber y medio mínimo (en la actualidad 15 mil pesos). O sea, estamos pensando en personas que tienen haberes bastante magros y que como mencionaba antes, los medicamentos son un bien bastante costoso. Cada vez más porque cada vez están más desregulados y anclados al valor dólar, cosa que antes no estaba.

Esta cobertura de medicamentos tuvo una expansión muy grande y, de hecho, hacia 2014 cubría a casi 2 millones de afiliadas y afiliados a PAMI. Calculen que el organismo tiene 5 millones de afiliados. Casi la mitad tenía la cobertura de remedios sin cargo. Por supuesto esto implicaba un componente muy importante de los gastos del PAMI y significaba un monto de ingreso indirecto a los hogares de las personas mayores, muy relevante.

Ni bien asumió la actual gestión de gobierno, lo que significó una cambio en la gestión del organismo, se lanzó una política de ataque a la cobertura de medicamentos, al igual que han hecho con otras áreas del Estado y de las políticas públicas. Se empezó a plantear que había habido muchos abusos; que había habido estafas por parte de afiliados que solicitaban medicamentos sin necesitarlos; que había habido avivadas. Y con este manto de sospechas construyeron un consenso para avanzar con el recorte y efectivamente hoy se puede ver –incluso con los mismos números que la gestión publica, orgullosamente- que se dieron de baja 700 mil personas que antes tenían remedios sin cargo y ahora no.

Esto tiene impacto directo en la vida de esos hogares, porque los medicamentos son –en términos económicos- un bien inelástico, porque si el médico te dijo que lo necesitas te vas a endeudar vos con los terribles créditos estos que tira el ANSES (que ahora se convirtió en una crediticia de la miseria), o se va a endeudar tu hijo o vas a dejar de consumir otras cosas. Un derecho que antes garantizaba la seguridad social se remercantiliza. Pasa a tener que ser adquirido por los recursos magros que tienen esos hogares, empeorando las condiciones que ya señalamos.

 

Una de las cosas que está planteando el gobierno es cómo aumentó el gasto en asistencia a la pobreza, pero también está metiendo -adentro de esa cuenta- a las jubilaciones, como si fueran parte de los planes que tiene para contener la situación social. Desde el gremio ¿cómo están viendo la política hacia los jubilados y qué propuesta tienen -de cara al pueblo- en cuanto a cómo debería encararse la política previsional?

Al interior de nuestro sindicato hemos discutido muchísimo las distintas reformas previsionales que el macrismo viene aplicando desde que asumió. Hemos cuestionado, hemos movilizado, hemos resistido junto con el resto de las organizaciones sociales, sindicales o políticas, porque creemos que lo que se viene dando es un ajuste brutal en la seguridad social.

Para el gobierno, claramente, las jubilaciones y pensiones son un gasto y de hecho hacen el cálculo de lo que sería el ítem “gasto social”, y lo que se destina al ANSES para el pago corriente de jubilaciones y pensiones les resulta el más importante.

Están muy preocupados en el latiguillo de la “sustentabilidad”, tanto del sistema de jubilaciones y pensiones, y en PAMI vemos también (todos los días), el argumento de que hay que alcanzar equilibrios y sustentabilidades. Nosotros lejos de ello lo que sostenemos es que el derecho a la prestación previsional, a una jubilación, a un ingreso cuando uno es viejo y ya no está en condiciones de seguir laburando es un derecho indiscutible. Celebramos las políticas de inclusión previsional que en su momento se llevaron a cabo (que incluyeron a 3 millones y medio de personas) y repudiamos las políticas de ajuste que se vienen implementando sistemáticamente. Atenta contra los derechos de las personas mayores, atenta contra la adhesión de la Argentina a la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores.

 

La consolidación de un sistema previsional equilibrado y sustentable es uno de los 10 puntos que lanzaron recientemente.

Cada vez que ellos hablan de sustentabilidad están pensando en ajuste porque efectivamente nuestro sistema de la seguridad social no es autosustentable. Pero no lo es porque estamos en una pirámide poblacional envejecida, con niveles de desempleo que ellos están agrandando, con tasas de trabajo no registrado (en negro) que ellos están generando. “La tormenta perfecta” decía Fernández Pastor, este fin de semana, en una nota que estaba circulando. Ellos están generando o agrandando, profundizando la crisis de la seguridad social para después decirnos que no es sustentable, y lo que todos sospechamos que es que se viene una oferta de privatización o algún esquema de esos.

 

En este marco macabro de pensar que la vejez no es sustentable ¿Cómo está el Fondo de Garantís de Sustentabilidad (FGS)? ¿Qué pensás que quieren hacer con él?

El FGS se creó en el momento en que se estatizó el anterior sistema de capitalización, las AFJP. Al momento de crearse, fue concebido como una herramienta contra cíclica para poder, no sólo garantizar el pago de las prestaciones corrientes de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, sino también para poder apostar a que la economía no perdiera su dinamismo, porque para que exista la seguridad social tiene que haber una economía andando. Si no hay trabajo no hay aportes y si no hay aportes no hay prestaciones posibles.

Nuestro sistema de seguridad social es solidario. Significa que quienes hoy trabajamos somos los que garantizamos el pago de las prestaciones de quienes hoy están jubilados. Cuando hay desocupación esta masa de dinero empieza a reducirse. Para eso estaba el FGS, no para pagar prestaciones específicamente, sino para garantizar que la economía no frene.

La gestión del macrismo, a partir de la Ley de Reparación Histórica, cambió la manera de usar el FGS y lo que está haciendo es rematarlo. Está liquidando los activos. Está vendiendo las acciones que hay dentro de ese fondo. Está rematando, devolviendo, esas acciones a empresas que están muy interesadas en que el Estado no las tenga en sus manos. Otra vez es la tormenta perfecta, está garantizando que nuestro sistema sea inviable.

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