Por: M. Viviana Yopasa Ramírez*
y fuerza en sus corazones,
por justicia y pervivencia,
hoy empuñan los bastones.
Son amigos de la paz,
van de frente con valor.
Y levantan los bastones,
con orgullo y sin temor [….].
Himno de la Guardia Indígena, Departamento del Cauca.
El 10 de marzo, los pueblos indígenas de Colombia de los departamentos del Huila, Caldas, Valle del Cauca y Cauca[1] convocaron a una Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, desarrollando acciones de movilización, protesta y pedagogía en varios puntos de la carretera Panamericana, en el suroccidente de país; vía que conecta Colombia con Ecuador. A esta movilización se sumaron comunidades indígenas y afrodescendientes en todo el país, sosteniendo un fuerte respaldo de organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de DDHH que han salido a exigir al gobierno de Iván Duque, una solución a las problemáticas indígenas, campesina y afrodescendiente, donde se respete su autonomía y se escuchen sus demandas.
La negociación se ha dado en medio de un fuerte rechazo de los sectores de derecha y del uribismo, que se niegan a dialogar, acusando a la protesta de estar ligada al terrorismo, justificando así la represión por parte de la Fuerza Pública.
En su cuenta de twitter, Álvaro Uribe Vélez señalo: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio de social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”. El mensaje el ex presidente literalmente promueve una masacre para frenar la protesta para acallar la movilización, la organización y las demandas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que se han unido en una sola voz para reclamar al gobierno y que éste garantice sus derechos territoriales. Luis Fernando Arias Arias, consejero nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dijo en rueda de prensa que interpondrán denuncias penales por estas declaraciones.
Los sectores más recalcitrantes han salido a deslegitimar el carácter político y social de la Minga indígena estigmatizando la protesta, con viejos y ya utilizados métodos. Acusan a la movilización de estar infiltrada por grupos ilegales, justificando el procedimiento militar, la represión, la captura y judicializaciones de varios de lxs minguerxs. Líderes y lideresas del movimiento indígena han salido a exigir al gobierno que se respete el derecho a la protesta y que la Minga goce plenamente de sus derechos a la participación, expresión y movilización.
Tras un mes de protestas los enfrentamientos con la fuerza pública han dejado cientos de heridos; 8 muertos en el municipio de Dagua (21/03/19) y el asesinato de Deiner Ceferino Yunda Camayo (02/04/19), comunero indígena del resguardo de Jebalá, en manos del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)[2]. Ante estos hechos el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en distintos comunicados han recalcado al gobierno que su lucha no cede a la violencia, la muerte y el miedo, que su lucha es por la defensa de la vida, el territorio, la justicia y la paz, pilares que competen a toda la sociedad colombiana.
El pasado 6 de abril se abrieron los primeros canales de diálogo entre los líderes de la Minga, representada por integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y voceros de la Organización Nacional Indígena (ONIC) de Colombia y el gobierno nacional, encabezado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. En medio de un clima de escepticismo y desconfianza, lograron un pre-acuerdo, en materia de inversiones para las comunidades dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que están orientadas, principalmente, a educación, salud, mejoramiento de las viviendas rurales, productividad y tierras. Aun no todos los puntos que plantea la Minga están revisados y esperan poder continuar con la agenda de discusión política, con la visita del Presidente Iván Duque al Cauca, quien sigue sin atender personalmente al movimiento indígena, lo cual mantiene en espera la firma de un acuerdo final.
La minga indígena se declaró en Asamblea permanente y convocaron a un paro nacional para el 25 de abril, para garantizar las condiciones del diálogo y el cumplimiento de los acuerdos, que están cargados de una larga historia de lucha de los pueblos indígenas por su reivindicación social.
Contexto del surgimiento de la Minga
Los departamentos del suroccidente de Colombia presentan una grave crisis de seguridad producto de la escalada de violencia, luego de la dejación de armas por parte de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Este hecho dio origen a una “recomposición de poderes y negocios en las zonas en el que esa organización ejercía algún control territorial”[3]. Tanto Nariño como Cauca registran altos índices de cultivo de hoja de coca, que ha provocado la reorganización de actores armados ilegales, y que constituyen “grupos residuales rearmados por elementos que quedaron al margen del proceso de paz, como otros interesados en las rentas del narcotráfico y en el control territorial”[4].
El último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulado ‘Cauca y Nariño: Crisis de seguridad en el posacuerdo’, menciona que tanto Nariño como Cauca registran cifras preocupantes de asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. En el Cauca se registró 119 homicidios (42 en 2016, 35 en 2017 y 48 en 2018) entre enero de 2016 y diciembre de 2018. En Nariño, en ese mismo periodo, 49 casos, de los cuales 33 han tenido ocurrencia en Tumaco. En Nariño el número de homicidios pasó de 152 a 191 en 2017.
La Minga exige que en los territorios y las comunidades se garantice el ejercicio del derecho a la paz, por tanto solicitan:
- Cumplimiento del Acuerdos de paz y garantías para la vida de líderes y lideresas sociales y defensores de DDHHH;
- Reparación integral; esclarecimiento de la verdad del conflicto, búsqueda de las personas desaparecidas, restitución de tierras y activos y garantía para iniciativas de convivencia, memoria y satisfacción.
- Diálogos y negociaciones entre el Gobierno y el ELN vinculando al movimiento social, los procesos y sus organizaciones.
- Desmonte del paramilitarismo
- Menos presupuesto para la guerra y desmonte del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)[5]
Asimismo, denuncian el empobrecimiento y la discriminación, que viven las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde el Estado Colombiano continúa sin concretar políticas públicas dirigidas a garantizar efectivamente sus derechos colectivos al territorio y a la autodeterminación. Parte de las exigencias del CRIC, que están en el pliego de peticiones de la Minga, se centra en el cumplimiento de lo establecido en decretos de 1999 y 2017 que obligan al Gobierno a garantizar la ejecución de planes cuatrienales para los pueblos indígenas del Cauca. Ese plan cuatrienal incluye financiación para el fortalecimiento de los sistemas de educación, salud, económico-ambiental, jurídico, comunicacional y de DDHH.
La solicitud indígena es que se incorpore ese plan cuatrienal en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y se le asignen los recursos con nombre propio como parte del Plan Plurianual de Inversiones. La respuesta del gobierno fue incluir en uno de sus anexos un rubro de 10 billones de pesos para inversión en las comunidades indígenas. Esto apenas representa el 1% del total del presupuesto en este plan para atender a los más de 60 pueblos indígenas existentes en el país.
Es importante señalar que los reclamos y demandas del movimiento indígena vienen de años de incumplimiento por parte del Estado colombiano. Así, en el 2005, la Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos (durante el primer gobierno de Álvaro Uribe) acordó un aumento en el presupuesto y en tierras que estaban en un proceso de extinción de dominio.
Ante los incumplimientos, la Minga volvió a salir a las calles en el 2009, terminando (durante el segundo mandato de Álvaro Uribe). Además de sus reclamos ancestrales por la garantía de su derecho a la autodeterminación y el reclamo de sus territorios colectivos, salieron a rechazar el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la aplicación de las políticas de la Seguridad Democrática. Tras una larga negociación el gobierno se comprometió a la entrega de hectáreas de tierra, inclusión de políticas indígenas en el presupuesto general y generar programas sociales que permitieran mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas.
A finales de 2014 (durante el gobierno de Juan Manuel Santos) estas promesas seguían sin cumplirse, llevándose a cabo la Minga Indígena y Popular. En esa ocasión hubo ocupación de “haciendas azucareras y bloqueo de vías. El principal compromiso del Estado fue invertir $80.000 millones y comprar 41.000 hectáreas. Además, se actualizaron litigios en el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), se reconoció la legitimidad de la Guardia Indígena y se avanzó en temas de educación, salud y transferencias”[6].
En el 2017, tras nuevos incumplimientos, se expidió el Decreto 1811, en el que el gobierno nacional se comprometía a la creación de mecanismos para cumplir los compromisos adquiridos con el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). En este decreto, “el Estado aceptó crear una comisión mixta para concertar las políticas públicas y planes de acción para los pueblos indígenas. La implementación de ese acuerdo quedó tasada en $3,6 billones, e incluía inversiones concretas en salud, educación, comunicaciones, familia, derechos humanos y fortalecimiento de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental”[7].
Este acuerdo se puso en jaque con el gobierno de Iván Duque, que en medio del debate por el Plan Nacional de Desarrollo, no contemplo a las comunidades indígenas y sus exigencias. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) reclama el incumplimiento de los acuerdos desde el 2005 y exige al gobierno sean incluidas sus demandas el plan cuatrienal 2019-2022, cumpliendo el plan de inversión que se anunció en la minga de 2017.
Además, la Minga solicito al Gobierno que reconozca al campesinado, como un sujeto especial de derechos en las leyes para crear una política incluyente que les reconozca como sujetos de consulta previa sobre los proyectos que afecten sus territorios. De este modo, exigían al gobierno el fortalecimiento de las autonomías y gobiernos de indígenas, campesinos y afrodescendientes; el carácter vinculante de las consultas populares como herramienta para proteger los territorios de los proyectos extractivos; la consulta previa como derecho fundamental al consentimiento libre, previo e informado.
El Gobierno, durante la negociación, anunció que revisará los puntos de exigencia de la Minga y se comprometió a crear una subcomisión de tierras que permita adquirir nuevas hectáreas, facilitar la legalización de predios y concertar mecanismos para la resolución de conflictos territoriales. Respecto a la asignación presupuestal, la Minga pedía cerca de $1,6 billones para la compra de tierras, el Ejecutivo ofreció $90.000 millones.[8] Hasta el momento el compromiso del Estado para solucionar este histórico problema, se mantiene en discusión política y el movimiento indígena sigue a la espera de mecanismos efectivos que garanticen su cumplimiento. Asimismo el CRIC ha salido a respaldar las movilizaciones que otras comunidades indígenas están comenzando adelantar a lo largo del país y que les permita garantizar su derecho a la participación, atención y materialización de políticas públicas sociales y económicas, así como de acceso a tierras.
La resistencia indígena comunitaria del Cauca y de las comunidades indígenas en general se ha ejercido en forma integral, como mecanismo de lucha y de defensa, contra la violencia estructural y de continuidad, profundización, intensificación y expansión de proyectos encaminados al control, extracción, explotación y mercantilización de bienes comunes naturales, de la mano del desarrollo de numerosos proyectos de infraestructura-Megaproyectos. Las luchas son por la permanencia en el territorio, por el restablecimiento de los medios de subsistencia, por la pervivencia de formas de vida tradicionales, por el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente. Entender el Plan de Desarrollo del gobierno como motor de conflictos sociales, contribuye a avanzar en el reconocimiento de las causas estructurales de la violencia en Colombia
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[1] En la Minga se encuentran los pueblos indígenas pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), más de 10 cabildos de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, y sectores campesinos, agrupados en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y el Comité de Integración del Macizo (CIMA), miembro del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
[2]Consejo Regional Indígena del Cauca. Declaración política de la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.
[3]informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulado ‘Cauca y Nariño: Crisis de seguridad en el posacuerdo’
[4]Ibid
[5]Consejo Regional Indígena del Cauca. Declaración política de la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz.
[6]El espectador. Colombia: la minga indígena, una pelea histórica por las tierras del Cauca.
[7]Ibíd.
[8] Revista Semana. Gobierno e indígenas logran acuerdo. Se desbloquea la vía Panamericana
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* Lic. En educación y Ciencias Sociales, Estudiante de Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural en Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), UNSAM. Columnista del programa La Marea, (FM 90.5 Radio Futura), redactora de Revista Trinchera y colaboradora Agencia Timón.
