Por Melany De Juana*
A 23 años de la creación de la Ley Helms-Burton, cuyo fin es asfixiar a la economía y obstaculizar el desarrollo de Cuba, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado 4 de marzo que se pondrá en práctica el artículo III de dicha ley, en un claro intento de recrudecer el bloqueo económico impuesto en el país caribeño.
Esta ley, denominada “Ley para la Solidaridad Democrática y Libertad Cubana”, fue firmada en 1996 por el ex presidente Bill Clinton y dio legitimidad al bloqueo económico impuesto por de John Kennedy, dos años después de la Revolución Cubana.
Lejos de promover la democracia y la libertad, dicha ley expresa su carácter de injerencia extraterritorial y los intentos de recolonización que el imperio estadounidense quiere impulsar hace más de seis décadas, violando el Derecho Internacional y la Carta de la ONU, al mismo tiempo que ataca la soberanía de Cuba.
En sus cuatro artículos evidencia sus intenciones: el primero establece el fortalecimiento del bloqueo argumentando que Cuba viola los derechos humanos y que constituye una amenaza para la paz internacional; a su vez contempla el cerco financiero que busca aislar a la mayor de las Antillas, estimula las subversiones internas en el país y decreta que no se importaran productos cubanos a Estados Unidos.
El artículo dos refleja los deseos de que se produzca un cambio de régimen, a fin a sus intereses, y postula los requisitos de cómo debería ser la transición. Para que esto suceda el presidente estadounidense tendría que activar planes de asistencia económica con la finalidad de subordinar a las autoridades cubanas y demostrar la existencia de “un gobierno democrático”, para que el bloqueo sea suspendido.
El tercer punto de la ley otorga a los ciudadanos norteamericanos la posibilidad de presentar -en cortes estadounidenses- demandas por un supuesto tráfico de propiedades nacionalizadas por Fidel Castro en 1960 (de forma legal).
El cuarto y último artículo establece la expulsión de los extranjeros que trafiquen con estas propiedades, al mismo tiempo en que se les negara la visa de entrada a Estados Unidos.
La reciente aplicación del artículo tres generó controversia y el descontento del gobierno cubano, dado que este entorpece las relaciones económicas, comerciales y financieras de Cuba con otros países y afecta la capacidad de atraer capitales extranjeros, un factor clave para su desarrollo.
Desde que la Ley Helms-Burton fue sancionada todos los presidentes estadounidenses habían suspendido por seis meses la aplicación efectiva de dicho artículo, pero Donald Trump anunció que sólo lo haría por treinta días. Poco después el Departamento de Estado estableció que a partir del 19 de marzo se permitirá la presentación de demandas a 200 empresas que figuran en una lista negra creada unilateralmente por la administración del país del norte.
La respuesta del gobierno de Cuba a la Casa Blanca fue la sanción de la Ley 80 de “Reafirmaron de la Dignidad y la Soberanía Cubana”, que declara ilícita y sin efecto jurídico la Ley Helm-Burton.
No resulta extraño que Estados Unidos arremetiera una vez más contra la isla. Esto se da en el marco del apoyo público que el presidente Miguel Díaz-Canel le expresó a Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual está siendo blanco de los intentos desestabilizadores de Washington.
El mandatario cubano hizo evidente su rechazo a la iniciativa yanqui mediante diferentes manifestaciones públicas entre las que se encontraron una variada cantidad de tweets en los que defendió la soberanía de Cuba y denunció la política injerencista norteamericana que atenta contra la independencia y la libertad del pueblo.
La Ley Helms-Burton es el fiel reflejo de los intereses extraterritoriales que buscan reforzar el embargo asentado contra la más grande de las Antillas pese al amplio rechazo que genera en el resto del mundo. Una vez más Estados Unidos atenta contra la población y el gobierno de Cuba que hace más de 60 años resolvió luchar y ser libre, y que hoy nuevamente resiste.
* Analista especializada en Centro América, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM1390) y colaboradora de Agencia Timón
