Un juicio con gusto amargo

*Melany De Juana

caceres

A casi tres años del crimen de Berta Cáceres, los fiscales de la Sala del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional de Honduras, declararon culpables de su homicidio a Mariano Díaz Chavez (ex militar), Sergio Rodríguez Orellana (gerente de DESA), Henrry Hernandez, Douglas Bustillo (ex jefe de seguridad de DESA), Elvin Rápalo, Oscar Torres y Edison Duarte, siete de los ocho acusados por el homicidio de la ambientalista.

Emerton Duarte, quien figuraba como uno de los autores materiales, fue absuelto ya que el Tribunal consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo por el asesinato.

Las penas, que se leerán individualmente el 10 de enero, se dan en el marco de un juicio con numerosas irregularidades que fueron denunciadas por la familia de la activista y líder indígena. En septiembre la defensa presentó una impugnación, pero la Corte de Apelaciones de Honduras la rechazó.

Un mes después el Tribunal Hondureño retiró del caso legal a los abogados que representan a la familia de Berta Cáceres y a Gustavo Castro, compañero de la activista y único testigo del hecho.

La resolución deja en evidencia las deficiencias del poder judicial hondureño, que no sólo absolvió a uno de los presuntos homicidas, sino que dejó impune a los autores intelectuales, a quienes ordenaron el crimen, a los cómplices en el gobierno y las fuerzas armadas.

Luego del fallo su familia emitió un comunicado en el que expresaron su descontento y aseveraron que “el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a las fuerzas armadas de Honduras”.

Días antes de ser asesinada, la líder indígena había denunciado amenazas ante la Justicia. Cáceres se oponía al proyecto hidroeléctrico Agua Zurca que la corporación Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) quería construir en la Cuenca del Rio Gualcarque, territorio de la comunidad Lenta de Honduras, el cual obstaculizaba el acceso al agua y constituía un peligro para el medio ambiente.

Su crimen no es un hecho aislado, tiene lugar en un contexto donde los ambientalistas no tienen protección, y en el que la violencia y hostigamiento hacia ellos es moneda corriente. Desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, las muertes de activistas se fueron incrementando; en 2017 se registraron 207 asesinatos, muchos de los cuales quedaron impunes.

Berta Cáceres es una víctima más del sistema extractivista que saquea a los pueblos, y asesina a quienes  luchan por defenderlos.

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Analista especializada en Centro América, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM1390)

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